Gobierno del presidente Gustavo Petro decreta oficialmente el estado de conmoción por crisis del Catatumbo

En la mañana de este viernes se conoció el texto con el que se declara oficialmente la conmoción interior por la oleada de violencia en el Catatumbo desatada por los enfrentamientos entre el Eln y las disidencias de Calarcá. 

Su acción se delimitará a los municipios del Catatumbo, afectados directamente por la violencia, y el área metropolitana de Cúcuta, que ha sido la que más desplazados ha recibido desde hace una semana, y dos municipios del Cesar en los que también se han acogido afectados por la violencia. El documento tiene 19 páginas, la mayoría justificando la medida y tan solo un artículo para anunciar el estado de conmoción. 

"Declarar el estado de conmoción interior, por el término de 90 días contados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, en la región del Catatumbo, ubicada en el nororiente del departamento de Norte de Santander, la cual está conformada por los municipios de Ocaña, Ábrego, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Tibú, y Sardinata, y los territorios indígenas de los resguardos Motilón Bari, y Catalaura La Gabarra, así como el área metropolitana de Cúcuta, que incluye el municipio de Cúcuta (...) y a los municipios de Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano, y Puerto Santander, y los municipios de Río de Oro y González, del departamento del Cesar", dice el grueso de la declaratoria. 

En la noche de este jueves se conoció que se estaba estudiando incluir algunos municipios de Arauca en el estado de conmoción, pues de allí habrían salido algunos guerrilleros del Eln para fortalecer las acciones violentas contra las disidencias de Calarcá. Sin embargo, al final no se incluyó esta zona. En cambio llamó la atención la inclusión de los dos municipios del Cesar, aunque desde el miércoles el gobierno sabía que los efectos de la contingencia se estaban sintiendo allí, pues son limítrofes con el Catatumbo. Incluso en el decreto de conmoción se deja claro de la presencia del Eln allí. 

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El decreto deja claro cuales son las razones por las que se recurre a esta figura y establece las zonas en las que se delimitará el estado de excepción consagrado por la Constitución. Esta medida habilita al gobierno de Gustavo Petro a emitir decretos con fuerza de ley para ejercer medidas que permitan conjurar la crisis humanitaria.

Tras la declaratoria de la conmoción, la atención pasa a su revisión por parte del Congreso y la Corte Constitucional. En el caso legislativo, es una acción es meramente ritual y solo emite un concepto de si está de acuerdo o no con lo expresado en el decreto. En cambio, la Corte Constitucional es la que tendrá la última palabra, pues debe que revisar la constitucionalidad o no de la figura invocada. Vale recordar que la Corte Constitución ya le tumbó un estado de excepción, la emergencia económica de La Guajira, pues consideró que la motivación no era suficiente.

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Por parte del Gobierno, lo que viene es el desarrollo de los decretos ley para la atención de la difícil situación humanitaria, que tendrán que emitirse durante los 90 días siguientes a la conmoción. Esta tarea comenzó desde el mismo jueves, con la reunión en la que fueron citados lo ministros y la cúpula militar.

Aunque no se sabe cuántos decretos serán, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dio pistas de hacia dónde irán las ordenanzas presidenciales. Desde Ocaña, y luego en Cúcuta, el ministro apuntó que los textos tienen una aplicación inmediata de orden militar, una más grande de índole social, pues señaló que debe hacerse una transformación total del territorio, y por último una aplicación del Plan Catatumbo, un programa que desde hace año y medio se viene desarrollando en conjunto con los gobernantes de dicha zona.

Apenas es un artículo el decreto de conmoción, pero desde el gobierno se cuidaron mucho en que la parte de las consideraciones para tratar de darle fortaleza jurídica al decreto en cuestión. En ese sentido comienzan toda la exposición fundamentados en el artículo 213 de la Constitución, que consagra el estado de conmoción interior por cuenta de una "grave perturbación en el orden público".

En ese mismo sentido proceden a invocar sentencias de la Corte Constitucional en la que se define orden público como "el conjunto de condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad que permiten la prosperidad general y el goce de los derechos humanos". 

Luego del fundamento jurídico se procedió a exponer la situación del Catatumbo, se dio inicio con los límites geográficos y luego se pasó a reconocer que es una zona en la que actualemente hay múltiples actores: Eln, la Segunda Marquetalia, la disidencia de Calarcá, los Pelusos y hasta "el grupo armado organizado Clan del Golfo intenta ingresar a la misma". 

En el mismo documento se da cuenta del aumento del narcotráfico en la zona y luego se procede a describir la actual contingencia. "El Eln ha incrementado sus ataques y hostilidades contra la población civil y, especialmente, contra los firmantes del acuerdo final de paz en la región del Catatumbo, lo cual es promovido y financiado, entre otros, con los recursos provenientes de las actividades y economías ilegales en esta región", dice el texto. 

En ese mismo sentido se incluyeron las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo del 15 de noviembre de 2024, en las que se habla de los riesgos para la población del Catatumbo y del sur del Cesar. Aunque se ha dicho que el gobierno desatendió este llamado de la entidad liderada por Iris Marín, el Ejecutivo asevera en el decreto que hubo una respuesta desde el momento en que se expresaron los primeros signos de emergencia. 

También se expusieron las cifras de desplazamiento y hasta se hizo una caracterización de los colombianos que estarían huyendo hacia Venezuela. Serían cerca de 700 por día desde que comenzó la contingencia. Luego se procedió a señalar las afectaciones económicas que sufriría el país si no se atiende de forma oportuna la contingencia. 

JUAN SEBASTIÁN LOMBO

Redacción Política