Este acuerdo perseguía varios objetivos: la puesta en libertad de algunos estadounidenses encarcelados y de presos políticos venezolanos, poner fecha a las presidenciales y el levantamiento de la inhabilitación de todos los candidatos a los comicios.

Las elecciones se celebrarán finalmente el 28 de julio, con Maduro como candidato natural a la reelección y la oposición contra las cuerdas con su principal aspirante, María Corina Machado, inhabilitada.

"En Venezuela, asumimos un riesgo calculado" acerca de "la probabilidad de que los herederos del legado de Hugo Chávez permitieran una elección en la que no controlaran el resultado", dijo Nichols en un acto organizado por la organización empresarial estadounidense American Society - Council of The Americas (AS/COA).

"Finalmente llegamos a la conclusión de que el status quo era malo para Estados Unidos, bueno para nuestros adversarios y no haría avanzar la causa de la democracia", añadió.

Recalcó que "la negativa" de Maduro a restablecer los derechos políticos de candidatos, como Machado, "y su acoso y encarcelamiento" de muchos de sus partidarios "fueron pasos en la dirección equivocada".

Pero "a pesar de estas recientes transgresiones, seguimos comprometidos a apoyar el proceso democrático de Venezuela", recalcó el alto cargo del Departamento de Estado.

Últimamente el gobierno de Biden ha advertido a Caracas que si no "cambia de rumbo" reimpondrá sanciones al sector petrolero y del gas en abril, como ya hizo en enero con la minera estatal de extracción de oro venezolana.

Aunque ya hay fecha para los comicios, Washington está preocupado.

"Los plazos son ajustados y no queremos prejuzgar cómo resultarán las cosas, pero la dirección del recorrido es profundamente preocupante", dijo Nichols, quien espera trabajar con los "actores democráticos en Venezuela" y los aliados en la región para decidir cómo responden "a un país que no respeta las normas democráticas".

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